APBA INFORMA
Colectivo federal de trabajadores por la Salud Mental
a favor del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo
(Exp. 0230-D-2018)
Los abajo firmantes Psicólogxs, Psicopedagogxs, Médicxs Psiquiatras, Psicoanalistas, Trabajadorxs Sociales, Musicoterapeutas, Fonoaudiólogxs, Psicomotricistas, Acompañantes Terapéuticxs, Terapistas Ocupacionales, Enfermerxs de la República Argentina, nos manifestamos en apoyo al Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Como trabajadorxs del campo de la salud mental consideramos prioritario terminar con la criminalización del aborto, así como con su práctica en forma clandestina. Es urgente y necesario que el Estado garantice la igualdad de acceso a condiciones de atención sanitarias seguras para la interrupción de embarazos no deseados, evitando así la muerte de miles de mujeres, reduciendo la tasa de morbilidad de las mismas y asegurando el derecho a una salud integral de calidad.
Sostenemos la importancia de acompañar y respetar la decisión de cada mujer sobre su propio cuerpo como un derecho humano inalienable y un acto de ética profesional, porque conocemos los estragos que produce en la salud psíquica y física la criminalización del aborto al vulnerar el derecho a la autonomía personal, a la soberanía sobre su cuerpo y a la libertad de decidir como sujeto de derechos.
Consideramos un ejercicio de violencia y de crueldad por parte del Estado negar a las mujeres el derecho a decidir, expropiando de este modo sus cuerpos al obligarlas a asumir la inscripción de los mismos en el orden de la maternidad, reduciendo su subjetividad a la condición de puro objeto.
Vemos también con preocupación la desprotección y vulneración de derechos en los casos donde la mujer ya es madre, pues allí las consecuencias del peligro de muerte o lesión, propios de la práctica clandestina, se diseminan causando un daño familiar irreparable.
Un Estado que ubica la interrupción voluntaria del embarazo en el terreno de la ilegalidad empuja a las mujeres a someterse a la clandestinidad, condenándolas a un padecimiento psíquico que se acentúa por la ausencia de asistencia y contención emocional adecuadas.
Sabemos que lo que produce un efecto traumático no es precisamente el aborto sino su prohibición. Es por ello necesaria la implementación de políticas públicas que garanticen a todas las mujeres el acceso a prácticas seguras dentro del sistema público de salud.
No es la criminalización del aborto lo que va a disminuir la cantidad de abortos que se realizan en nuestro país sino la educación sexual integral y el acceso igualitario a los métodos anticonceptivos que permitan ejercer el derecho a elegir. Por ello, sostenemos la necesidad de que el Estado Nacional y los estados provinciales cumplan con la implementación y ejecución de la ley 26.150 de Educación Sexual Integral.
Sin despenalización del aborto, sin educación sexual integral, y sin acceso a la anticoncepción, se seguirán multiplicando las muertes y los daños que, en tanto son evitables, son y serán responsabilidad del Estado.
Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Colectivo Federal de Trabajadorxs de la Salud Mental.
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