Director:  Lic. Francisco Ferrara - Nueva Epoca, N° 11. Noviembre de 2018
13 de octubre Día del Psicólogo

Septiembre 2018

La salud mental de la población en riesgo

La Comisión de Salud Mental de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, ha hecho propios los principios que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos y asume la responsabilidad profesional y científica que tiene hacia la comunidad y sociedad en la que trabaja y vive, con ideales de libertad, justicia social y dignidad como valores fundamentales que guían su práctica.

Por eso mismo se pronuncia a favor de la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, que desde el año 2010 contribuye a la protección de la salud de la población incluyendo la perspectiva de derechos. La defensa de la ley es, para esta Comisión, un posicionamiento ético.

Dicha Ley fue el resultado de una ardua y sostenida tarea llevada a cabo en todo el país, conjuntamente por trabajadores, usuarixs y familiares. La Ley busca asegurar los derechos de las personas con padecimiento mental, evitando privarlas de la libertad y ofreciéndoles lugares de atención y acompañamiento en sus comunidades, por parte de profesionales de distintas disciplinas. Responde a tratados y acuerdos internacionales de derechos humanos y a las recomendaciones de las Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud. Es ejemplo a nivel mundial, tal como lo refleja el pronunciamiento en su defensa que se hizo en el último Congreso Mundial de Psiquiatría realizado en Italia en el año 2017.

La ejecución de esta Ley implica la atención integral de personas con padecimiento subjetivo, incluyendo a quienes presentan consumos problemáticos de sustancias (adicciones). Responde a paradigmas donde todxs somos sujetxs de derechos. Esto implica el acceso a la atención por parte de un equipo de profesionales de distintas disciplinas (psicólogxs, enfermerxs, médicxs, trabajadores sociales, etc.). La internación es el último recurso y sólo es necesaria cuando las personas no pueden ser asistidas en su comunidad. Establece que los manicomios no deben existir y propone que sean sustituidos por servicios en hospitales generales y en comunidad, casas de medio camino, hospitales de día,  etc.

No obstante durante el año 2017 se observó una profundización de los embates del gobierno nacional contra la Ley Nacional de Salud Mental 26.657.

Diputados de la Nación y el Ministerio de Salud de la Nación han pretendido instalar que la Ley de Salud Mental deja sin atención a las personas que sufren adicciones y que son lxs médicxs y la medicación la única forma de abordar los problemas de salud mental. En noviembre de 2017, el esfuerzo conjunto de distintas organizaciones de todo el país logró detener la firma de un decreto reglamentario que contradecía el contenido  y el espíritu de la Ley, volviendo al modelo de aislamiento (lo que llama “internación en hospitales monovalentes”) de quienes presentan padecimiento mental. La población debe saber que tras estas afirmaciones, pretendidamente “científicas”, se esconden intereses económicos de quienes lucran con la salud a través del sostenimiento de instituciones privadas y/o subvencionadas por el Estado. La proliferación de medicamentos de última generación, cuya eficacia respecto a los tradicionales no está realmente probada, termina de configurar el negocio que la salud mental constituye para algunos sectores.

En el año 2018, el accionar sostenido del colectivo de trabajadores, usuarixs y familiares, posibilitó lo que aparenta ser una marcha atrás respecto al camino seguido el año anterior. Sin embargo,  seguimos alertas, esperando acciones concretas que den muestras que lo indicado por la ley es prioridad para el Estado. Esto implica el financiamiento de dispositivos realmente sustitutivos de los centros monovalentes y la designación de recursos humanos que permitan sostener la atención comunitaria y en hospitales generales, además del fortalecimiento de los organismos creados por Ley, tales como el Órgano de Revisión y el Consejo Consultivo.

Desde la Federación de Psicólogos de la República Argentina continuamos luchando por la plena vigencia de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. En 2017 nos declaramos en estado de alerta ante los continuos embates que la ley sufrió. Hoy, el alerta continúa. Seguimos con atención las acciones oficiales a la espera de avances en su defensa e implementación. Es nuestra posición ética defender los derechos de las personas con padecimiento subjetivo por sobre los intereses mezquinos de sectores corporativos.

Comisión de Salud Mental de la Federación de Psicólogos de la República Argentina.

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