Salud pública y derechos
El regreso de la exclusión
La decisión política del gobierno nacional de eliminar el Ministerio de Salud y subsumirlo como una secretaría más en el de Desarrollo Social denuncia, por sí misma, el lugar que piensa para la salud pública: una mera expresión de asistencialismo destinada a los más pobres. Nada de derechos ni de salud colectiva. Sólo la voluntad de desandar más de setenta años de historia argentina.
La salud pública es un sector estratégico para una sociedad integrada democráticamente, que asegure el acceso igualitario a las mejores prácticas, pero también como testimonio de una voluntad de desarrollo nacional, pues nuestro país siempre lideró en la región los progresos en este terreno.
No se trató sólo de una decisión administrativa, sino que vino acompañada de una serie de recortes letales para el sostenimiento de una política de promoción de la salud y de aseguramiento del ejercicio de los derechos de todas y todos a las mejores prestaciones posibles. Eso quedará reservado para los que puedan pagarlo. El resto, los millones de desocupados, subocupados o trabajadores pobres, tendrán la cobertura que se pueda financiar con lo que sobre, después de pagar la deuda externa contraída para financiar la fuga de capitales ya realizada por los poderosos. Las sobras para los que sobran.
El recorte del programa nacional de inmunizaciones, el despido de los trabajadores del Hospital Posadas, el traspaso de las prestaciones del Programa Federal de Salud a las jurisdicciones que puedan solventarlo, el desmantelamiento de la red de agentes territoriales de la Ley Nacional de Salud Mental y el deterioro de los honorarios profesionales por prestaciones en obras sociales, entre otros muchos ejemplos recientes, muestran a las claras que la actual administración está haciendo retroceder al sector sanitario en su conjunto como nunca antes en nuestra historia democrática.
Estos hechos anticipan además que, lamentablemente, será de muy difícil cumplimiento sin movilización y lucha la implementación de la Ley 26.657. El gobierno no tiene voluntad política de cumplirla. Ahora alegará que no hay fondos. Ya lo demostró al intentar reformularla el año pasado, sin éxito por la resistencia de toda la comunidad de la salud mental, modificando su decreto reglamentario.
Del mismo modo, la agresión al sistema universitario y científico tecnológico, al privarlo de los recursos necesarios para su desenvolvimiento normal en medio de incesantes incrementos de los costos de funcionamiento de todas las instituciones debido a los formidables incrementos de las tarifas de servicios públicos y la enorme inflación existente, denuncia el desinterés de las máximas autoridades en asegurar la vigencia de derechos democráticos y una perspectiva de autonomía nacional.
La salud mental colectiva se refuerza en estas circunstancias de enorme presión destructiva con la puesta de las palabras en acto. Sólo la movilización solidaria de los agredidos le pondrá límite a la política de terror que intentan implementar. La Asociación de Psicólogos de Buenos Aires convoca a todas las y los colegas a ser protagonistas de su propia historia, sumándose a esas luchas.
Lic. Alfredo Smith, Presidente.
Lic. Gerardo Codina, Secretario General.